como una prioridad del que sospecha que puede repetir atentados como el de la basílica del Pilar, en Zaragoza.
pertenecen al Opus Dei. Cosidó progresó a la sombra de Mayor Oreja, uno de los beneficiario de la privatización de la seguridad, será por eso su querencia a sustituir paulatinamente las fuerzas de Seguridad del Estado por la seguridad privada a mayor beneficio de los empresarios.
Con una ETA en retirada, tiene que inventarse un nuevo terrorismo, para justificar la política represiva El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existen riesgos de que atentados como el de la Basílica del Pilar puedan repetirse."Es una prioridad para la Policía” aprovechó también para "garantizar" la “firmeza” de la Policía frente a manifestaciones violentas: “Nadie podrá alterar la paz social en las calles".
Si Charro reconoce que los trabajadores de la seguridad privada tienen unas pésimas condiciones económicas y laborales, es falsa su afirmación de que salen todos ganando, sale él y las grandes empresas. Falsa es también su afirmación de que la seguridad privada es más barata, son más bajos los salarios pero según la Unión Federal de Policía (UFP) la nueva ley de seguridad
privada le costará al contribuyente más del doble de lo que cuesta la
seguridad pública.
La nueva Ley de Seguridad Privada beneficiará a las grandes empresas privadas como Prosegur, Seguriber o Eulen en más de dos mil euros por cada trabajador, más del doble de lo que cuesta la seguridad pública. Así lo denunció la semana pasada La Unión Federal de Policía (UFP) que presentó las cuentas publicadas a través de un proyecto piloto que el Gobierno está llevando a cabo en varios centros penitenciarios en España.
Según el UFP, el Ministerio del Interior firmó en diciembre de 2012 un
plan piloto que consistía en contratar personal de apoyo, concretamente 56 vigilantes, para 21 centros penitenciarios. El Senado contestó el pasado 25 de julio a una pregunta relativa a este tema en el que aseguraba que el
presupuesto para este proyecto era de 7.391.547,57 euros, suscrito a una serie de empresas constituidas como Unión Temporal de Empresas, un sistema por el cual dos o más empresas se unen para prestar un servicio determinado. Pero lo que el Gobierno no detallaba era qué empresas estaban detrás de este proyecto.
Con esos datos, el UFP hizo cuentas y obtuvo que si mensualmente el presupuesto de estas empresas era de 821.283 euros y el coste por trabajador de 3.233 euros mensuales en comparación con los 1.100 euros que gana un funcionario de seguridad, el beneficio para las empresas privadas era del doble.
Cuando la Ley de Seguridad Privada pase su aprobación en el Senado, los empleados de las empresas privadas de seguridad podrán pedir el carnet, cachear y hacer registros, igual que un Policía. E, incluso, se les cederá “información que consideren necesaria” de la Policía. El secretario general de UFP, Serafín Giraldo, afirma que eso supondrá que “un empresario pueda controlar datos delicados de mucha gente”. Pero, ¿quiénes son esos empresarios? ¿Quién está detrás de las empresas más importantes de seguridad privada?
Prosegur, la tercera empresa de seguridad privada mundial con mayores beneficios. Solo en los primeros nueve meses del año 2012, consiguió 2.753 millones de euros, según los datos de su página web. Su presidenta, Helena Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de Prosegur, es una de las mujeres más ricas de España, con unafortuna estimada de 2.100 millones de dólares (más de 1.500 millones de euros), según publica el Huffington Post. En ese mismo consejo de administración se sienta Pedro Guerra Guerra, el presidente de la entidad bancaria Bankinter. Y Eugenio Ruiz, consejero de la empresa Ebro Foods.
Otra de las empresas se seguridad privada más conocidas a raíz de los trágicos sucesos durante la fiesta de Halloween del año 2012 celebrada en el Madrid Arena donde murieron cinco jóvenes es Seguriber. Su presidenta, Mónica Oriol Icaza, pertenece al consejo de administración de Indra Sistemas, S.A. y OHL, S.A., por las que cobra un sueldo de 201.000 euros al año y, además, es la Presidenta del Círculo de Empresarios.
Desde el “BOE nuestro de cada día” Eva Belmonte se hacía eco del gasto de más de tres millones de euros por la contratación de seguridad externa en diez hospitales militares, a cargo del Ministerio de Defensa. Entre las empresas nombradas en este contrato figura Ombuds, cuyo consejero delegado es Rodrigo Cortina López, hijo del apoderado de la firma y muy allegado a Fraga en los comienzos de Alianza Popular, Antonio Cortina Prieto. Otro de los consejeros de Ombuds es Antonio Eraso Campuzano, de ascendencia nobiliaria y cuyo hermano, Eduardo Eraso Campuzano, ha sido imputado por el caso Gürtel bajo la acusación de haber ayudado a Francisco Correa a sacar de España 18 millones de euros tan solo en 2004, conforme a lo revelado por la policía a la periodista.
Según el mismo medio, otra de las empresas citadas por la Unión Federal de Policía,Eulen, cuenta entre sus filas con Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. Micaela Núñez es directora provincial de Eulen en Ourense y Pontevedra, y ya fue denunciada por unas adjudicaciones a la empresa por parte de la Xunta.
Una asociación similar, pero mucho anterior, es la que relaciona a la familia Mayor Oreja con la empresa de seguridad
Seguritec. El ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja decidió demandar en 2002 a Xavier Arzalluz, en aquel momento secretario general del PNV, por asegurar que cierta contratación de agentes de la Ertzaintza se relacionaba con los intereses de su familia en las compañías de seguridad privada. Sobre la causa, presentada junto a Mariano Rajoy –en aquel momento ministro de Interior- y a sus hermanos, Carlos y José Mayor Oreja, tanto el juzgado de Primera Instancia, como la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo coincidieron en dar por probada la participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen y la de sus hermanos en Seguritec y Prosegur, según informa el portal
elplural.com.
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