70 de los 657 abogados del Estado que tenían una plaza en ese cuerpo de funcionarios de élite en marzo de 2012, trabajan como asesores, altos directivos o consejeros de empresas del Ibex 35. El 10,6% de estos trabajadores públicos, que conocen al dedillo las tripas (y debilidades) de la Administración se han pasado a la excedencia para ponerse al servicio de compañías del índice bursátil que aglutina a la élite empresarial española. Pasarse al lado oscuro le dicen y en muchas ocasiones para pleitear contra el Estado al que al final volverán como paso previo a la jubilación.
Sus retribuciones multiplican con creces los sueldos que tenían en el sector público (como máximo, unos 100.000 euros brutos anuales, contando complementos) cuando se ocupaban de defender al Estado en pleitos de todo tipo, incluyendo litigios contra grandes empresas. El último listado data de 2012. Ese listado reflejaba que, de los 657 abogados del Estado con plaza, poco más de la mitad (338) estaban en activo. Del resto, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria y 70 en situación de servicios especiales en el Gobierno central o autonómico o empresas públicas.
Desde entonces se ha producido un importante trasvase de efectivos al sector privado (los abogados del Estado no están sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos, por lo que pueden estar un día en el sector público y al siguiente en el privado, y hay al menos quince miembros del cuerpo que han fallecido o se han jubilado desde 2012, sin que Justicia haya cubierto nuevas plazas.
En el departamento que dirige Rafael Catalá no responden a la pregunta de cuántos funcionarios del cuerpo han pedido la excedencia voluntaria desde 2012, cuántos han vuelto y cuántos están en activo actualmente. Tampoco explican la tardanza en actualizar ese listado, que se ha quedado viejo.
Varios de esos altos funcionarios se han incorporado a compañías del selectivo en el último año. Es el caso de Eva Chamizo (que en noviembre pasado fichó por Iberdrola); Ignacio Grangel, exjefe de gabinete del todavía secretario de Energía, Alberto Nadal, para el que Red Eléctrica se inventó un nuevo puesto en septiembre pasado (vicesecretario del consejo); la exabogada del Estado en el Ministerio de Economía Gloria Calvo, que en abril de 2015 fichó como secretaria general de Bankinter; o el de Antonio Botella García, nombrado consejero de ACS en abril de 2015, cuando todavía era abogado del Estado en el Tribunal Supremo, donde la constructora se juega miles de millones de euros por litigios como los relacionados con el rescate de las autopistas de peaje.
Enlaces relacionados
http://www.angelesgarciaportela.com/2014/07/inspectores-abogados-desertores-del.html
http://elpais.com/elpais/2015/07/06/opinion/1436202755_548097.html
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