La ONIF (Oficina Nacional de la Investigación del Fraude) fue precisamente la que dio origen al proceso penal que se sigue contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional al presentar en abril de 2015 una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. La oficina antifraude había acudido previamente a la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó actuar contra Rato al considerar que la investigación no estaba suficientemente madura. La Fiscalía de Madrid, en cambio, hizo suya la denuncia de la ONIF y el Juzgado de Guardia ordenó la detención de Rato el 17 de abril de 2015 para la realización de varios registros en domicilios y empresas.
El punto de partida de la investigación (la existencia de supuestos delitos fiscales) debía ser objeto de un informe definitivo sobre las cantidades exactas que se habrían defraudado, informe que la ONIF ha ido demorando mes tras mes.
En septiembre de 2015 el juez ordenó a la ONIF que procediera "con la máxima urgencia" a indicar "las exactas cantidades supuestamente eludidas".
El plazo ha transcurrido sobradamente sin que la oficina antifraude haya dado respuesta alguna al juez.
Ante esta situación, Serrano-Arnal ha ordenado a la letrada de la Administración de Justicia que efectúe un requerimiento personal a la directora de la ONIF para que cumplimente lo reclamado por el magistrado, con expreso apercibimiento de desobediencia.
No es la primera vez que la jefa de la oficina de la ONIF, no se pliega al requerimiento del poder judicial.
En su día se negó a atender la petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de cuantificar el supuesto fraude fiscal derivado de las donaciones irregulares recibidas por el PP en el año 2008. García Valdecasas recordó a Ruz que "el criterio de los técnicos de Hacienda es que los ingresos en negro de la formación conservadora no están sujetos a tributación de acuerdo con la Ley de Financiación de Partidos".
Por ello, le anunció que no iba a cumplir su orden y le retó a que buscase a otros expertos para calcular esa cuota. Ruz en un primer momento se dirigió a los peritos que trabajan con él habitualmente. Sin embargo, ha sido Margarita García-Valdecasas, la que ha contestado. En su respuesta, la jefa de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) le manifestó al magistrado que “el dictamen emitido por la Agencia Tributaria no puede ser revisado por el órgano judicial penal, pues no tiene ninguna competencia revisora al respecto”. Es decir, que si el juez considera que los pagos ilegales al PP deben pagar impuestos y los técnicos de Hacienda estiman que no, los inspectores no tienen peor qué calcular una cuota con los criterios que marque el juez.
En su escrito, la inspectora jefa de la ONIF le dijo a Ruz que si el criterio de los peritos de Hacienda “no resulta provechoso o convincente (…) podrá prescindirse de él” y no tomarlo en consideración como base o fundamento para sus resoluciones. García-Valdecasas le sugiere que si no está de acuerdo con los peritos de la Administración, que recurra “a la opinión técnico-jurídica de otra persona o entidad distinta”.
El pasado junio la UCO registró la casa de Margarita, jefa antifraude, ya que su marido Alejandro Pérez Calzada es sospechoso de introducir fondos millonarios en España de forma ilegal. La operación está relacionada con la «lista Falciani».
Los técnicos de Hacienda pidieron su dimisión alegando que "Si no es capaz de detectar la posible comisión de un delito fiscal en su casa, no parece la persona más idónea para estar el frente de la ONIF". Sin embargo el ministro Montoro la mantuvo.
El matrimonio formado por Alejandro Pérez Calzada y Margarita García Valdecasas lleva un elevado nivel de vida y tiene un patrimonio importante, con vivienda en Madrid, cuatro más en Barcelona, yate y propiedades en Palma de Mallorca.
Margarita García Valdecasas es hija del exrector de la Universidad de Barcelona durante el franquismo, Federico García-Valdecasas.
Hermana de la exdelegada del Gobierno en esa provincia y exministra de Administraciones Públicas con Aznar, la ya fallecida Julia García-Valdecasas.
Hermana también de Rosario García-Valdecasas nombrada por la misma Margarita inspectora jefa de una de las jefaturas adjuntas de la propia ONIF. Un puesto dentro de los altos cargos de confianza que, además, es el primero que ocupa la hermana de la directora de la ONIF. El ascenso incluye un complemento salarial específico de 41.206 euros, además del salario y el resto de complementos.
Marga, como la suelen llamar, comenzó su carrera en la subdirección general del Tesoro del departamento de Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Fue nombrada para este puesto por el Gobierno de Jordi Pujol en 1983. Asciende a jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, cuando en junio de 2013, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remodela toda la cúpula de la Agencia Tributaria por la polémica con el DNI de la Infanta en el caso Nóos.
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