Réplica de Fernando Salgado al artículo de Xosé Luis Barreiro Rivas, ambos artículos publicados en la Voz de Galicia:
Xosé Luís Barreiro Rivas, querido compañero de página, nunca te deja indiferente: o asientes a sus argumentos -las más de las veces- o te restriegas los ojos, cegados por el resplandor de su pluma brillante, para intentar descubrir el truco del sofista.
Ayer trazó una contundente e ilustrativa parábola para explicar el contencioso catalán. Varias familias -él dice dos, pero en realidad somos diecinueve- emprendimos un viaje a Palencia para contemplar el arte románico, fletamos un microbús con chófer y nos pusimos en camino. A la altura de Villalón de Campos, una familia decide apearse y abandonar el «espacio estratégico común», lo que significa una ruptura unilateral que causaría enormes perjuicios a todos los implicados. Magistral.
Ni un solo pero -acaso yo hablaría de furgoneta, en vez de microbús, porque el Estado autonómico me parece perfectible a estas alturas- cabe oponer a la alegoría. A la desleal familia de la barretina y la estelada no se le puede permitir que, violando el Código de Circulación y todas las normas de seguridad vial, se arroje a la carretera en plena marcha. El problema estriba en que la metáfora se detiene en Villalón de Campos.
¿Y después, qué? Si la familia rebelde se empecina en apearse, ¿qué hacemos? ¿Los encadenamos al parachoques trasero y los llevamos a rastras, quieran o no quieran, para que cumplan el compromiso constitucional que contrajeron en su día? Es una posibilidad que seguramente baraja más de uno, puesto que el monopolio de la fuerza lo detenta el Estado, pero esa vía conduce indefectiblemente a un desenlace fatal.
Desemboca en el final que precisamente se trata de evitar. No queda otra que negociar. A calzón quitado, sin apriorismos ni líneas rojas. La ley hay que cumplirla, cierto, pero las leyes cambian y pueden ser modificadas cuando existe un acuerdo mayoritario para hacerlo. El inmovilismo y la apelación al imperio de la ley pueden parar un referendo ilegal y restablecer el orden público, que no es poco, pero no sirven para frenar los procesos sociopolíticos.
Tal vez, para reconducir el procés, se haga necesario cambiar de microbús, reemplazar al conductor y modificar la ruta. A las pruebas me remito. Cuando nuestra furgoneta emprendió la marcha, solo un tercio de la familia catalana viajaba a disgusto y el resto daba por bueno el Estatut que Guerra había pulido en el Congreso y Rajoy -¡y ERC!- combatía con recogida de firmas y recursos de inconstitucionalidad. Al llegar a Villalón, la mitad de los catalanes estaban cabreados y querían apearse.
Prefiero no pensar cómo se encuentra la correlación de fuerzas en este momento: lo comprobaremos en las próximas elecciones autonómicas. Pero afirmaré que existe un punto crítico que, de ser rebasado, convertirá en imparable el procés y la secesión de Cataluña. Al Gobierno, y a los cuatro partidos mayoritarios, corresponde la responsabilidad -esta vez lo diré: histórica-
de conducirnos a todos juntos a Palencia.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinará todas las actuaciones de la Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra relacionadas con el 1-0 Pérez de los Cobos es alto cargo del Ministerio del Interior desde 2006, cuando lo nombró asesor el entonces titular de la cartera, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantuvo con Fernández Díaz y ahora con Zoilo.
Algunos le atribuyen a Pérez de los Cobos responsabilidad en la reforma laboral. Cuando ya era presidente del TC trascendió que Fracisco Pérez de los Cobos al menos entre el año 2008 y 2013 había sido donante del PP. El listado en el que aparece De los Cobos está en un documento que forma parte del sumario del caso Bárcenas. La donación de 37.4 euros por año coincidía según algunos militantes con la cuota mínima que pagaban los afiliados en Barcelona. El Constitucional acabó defendiendo su militancia.
Cuando cesó como presidente del TC, se apuntó a la pensión que concede a sus ex miembros, a pesar de que podría volver a su cátedra. La pensión supone el 80% del sueldo de su cargo durante un máximo de 24 meses, unos 100.000 euros al año. Esperaba recalar en Estrasburgo y para eso el gobierno cambió las condiciones para los aspirantes que no podrían tener más de 61 años, para así dejar fuera de juego a María Emilia Casas, su principal rival que había cumplido 66 años. El Supremo tumbó el amaño.
Otra casualidad es que el padre de ambos, ya fallecido en el 2011, pediatra de profesión formó parte de la candidatura de Fuerza Nueva en 1977.
Nos enteramos que Yusty firmó el manifiesto fundacional de Libres e Iguales , que en un foro de la carrera judicial realizó el siguiente comentario en un hilo en el que se debatía acerca de Manuela Carmena:
¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable".
Se ha dado también publicidad a muchas de sus ingeniosas frases que el juez soltaba en las aulas como profesor.
En un artículo publicado en ABC en 2005, Yusty Basterreche defendió que el escudo "auténticamente constitucional" es el águila de San Juan porque es el que figuraba cuando el rey firmó la Constitución ya que el escudo de España se adoptó en 1981, al que define como "postconstitucional".
En el año 2007 en la Revista de Historia Contemporánea, cuestionaba la demanda de la izquierda respecto a la ley de Memoria Histórica. Norma que consideraba "estrafalaria" y sin sentido por reabrir un periodo histórico para fijar "una verdad oficial, de obligado seguimiento" y que solamente puede acarrerar que se destapen "viejos odios y recelos": "El Proyecto de Ley va a conseguir que hasta los muertos sean de dos clases, «buenos» y «malos»", lo que le espanta..."Por un lado, representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil, en estado puro, sin mezcla de grandeza alguna, frente a los que la ganaron."
El magistrado sostenía que "el social-nacionalismo no parece haber aprendido nada" al empeñarse en homenajear "a personajes tan siniestros como Pasionaria, Carrillo o Companys, o hablar con nostalgia de la República, como si semejante régimen no fuese la antesala de la Guerra y los políticos de la misma los grandes fogoneros de la hoguera que vino después
El juez José Yusti Bastarreche, es hijo del almirante de la Armada José Yusty Pita (comandante de la Base Naval de Canarias durante el franquismo, y almirante del buque escuela Juan Sebastián Elcano).
Algún medio lo recoge, pero lo que no figura en ninguna parte, solo se encuentra acudiendo a la hemeroteca es que en 1938 en plena guerra civil José Yusty Pita, padre del juez, entonces teniente de navío se casa con María de la Concepción Bastarreche Moreno hija del Almirante Francisco Bastarreche Díez de Bulnes y de Concepción Moreno y Fernández, hermana de Salvador Moreno Fernández (Almirante y Ministro de Marina de 1936 a 1946 y de 1951 a a 1957) y de Francisco Moreno y Fernandez , que tras la guerra fue gobernador civil de Cartagena, al que Franco le concedió el marquesado de Alborán a título póstumo. Francisco Moreno fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputado por la Audiencia Nacional en el sumario instruído por Baltasar Garzón, por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra civil española y en los primeros años del régimen, y que no fue procesado al comprobarse su fallecimiento. Posteriormente, el Tribunal Supremo estimó que la calificación de «crímenes contra la humanidad» por parte de Garzón fue errónea, ya que este concepto fue definido con posterioridad a los hechos imputados
Por contextualizar... Enlace relacionado, pero que muy relacionado
Cuando comento este relato a mis amigos, en principio no me lo creen, cuando les digo que se puso en conocimiento del Senado, comienzan a pensar que puede ser verdad, entonces, como ocurrió cuando en su día les comenté que la banca estaba estafando con preferentes (algunos incluso las tenían y no lo sabían), se desasosiegan, no solo por las víctimas sino por el pavor que da vivir en un país en
donde se producen tales inseguridades jurídicas.
¿Cómo es posible que consiga el establishment silenciar los hechos?: Con la complicidad de los medios.
El pasado día 30 de agosto fue el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, por tanto también Día de los Bebés Robados, menores y adoptados ilegales y sus familias. Pudiera parecer que estas desapariciones solo se produjeron en el pasado. No es cierto, se sigue produciendo, ahora no se arranca el bebé de su madre al nacer, alegando que nació muerto. Ahora se priva a la madre de sus hijos con métodos más sutiles, vía los servicios sociales, es decir con cobertura legal ¿Legal?.
Consuelo García del Cid, periodista, escritora, feminista, defensora de las víctimas de un colectivo oprimido: la mujeres pobres, escribió un libro en el que denuncia cómo las madres "económicamente débiles" (neolengua) se ven privadas de sus hijos, aplastadas por una burocrática maquinaria que al final, como siempre aparece el beneficio de los "de siempre". García del Cid publicó un libro titulado "El desmadre de los servicios sociales", en él explica que se le ha dado todo el poder a los servicios sociales, sin necesidad de un juez para decidir separar a los hijos de las madres y como los informes son múltiples y el caso pasa por varios técnicos, las responsabilidades son compartidas.
Solo saltan a la palestra aquellos casos en los que los tribunales obligan a devolver al menor a la madre biológica, pero muchas madres carecen de recursos para acudir a los tribunales. Pues bien, con el inicio de la crisis los casos se han multiplicado. Madres que acuden a servicios sociales para solicitar ayuda económica, se sitúan en el punto de mira, así que entran en su casa, se cuestiona su aspecto, su modo de vestir, si llevan tatuajes y a veces acaban perdiendo la tutela de sus hijos.
Cuando algún medio se interesa por el caso, la respuesta de los servicios sociales es siempre la misma: como son menores no pueden dar información.
Por eso hay muchas mujeres que no acuden a los servicios sociales por miedo a perder a sus hijos, porque saben que acudir a pedir ayuda económica, las sitúa en la diana.
El pasado mes de mayo, Consuelo García compareció en el Senado
exponer el flagrante negocio de los Centros de Acogida, de cómo se les arrebatan los hijos a las madres. De cómo se ha negociado con las venta de estos niños, aprovechando la precaria situación de esas madres, algunas menores de edad, para entregar esos niños a familias acomodadas.
Comenzó su exposición explicando como las instituciones de "protección" al la mujer y al menor se "aggiornaron"con la Transición, pero como ocurre con casi todas, están en manos de los mismos.
COMPARECENCIA EN EL SENADO DE CONSUELO GARCIA DEL CID
El Patronato de de protección de la mujer, explica, dependiente del Ministerio de Justicia se creó en 1902, se disolvió en la Segunda República y en 1941 reaparece de nuevo presidido por Carmen Polo de Franco y se mantuvo ¡hasta 1985¡. velaba por las menores "caídas" o en riesgo y "caída" podía ser cualquier cosa, actuar contra los rigores familiares, manifestarse contra el régimen, saltarse las clases, estar en situación de abandono, etc. Esto podía suponer un encierro en un reformatorio disfrazado de convento donde se mantuvo un sistema penitenciario hasta 1985.
Las congregaciones religiosas auspiciadas, eran entre otras Trinitarias, Adoratrices, Monjas Oblatas, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, entre otras. El Patronato de Proptección a la Mujer fue una "Gestapo a la Española" contaba con Celadoras Vigilantes, mujeres que se paseaban por las las calles buscando menores de "actitud sospechosa"a las que se enviaban al COC (Centro de Obsevación y Clasificación), dirigido por monjas Trinitarias, allí a las mujeres se les hacía un examen ginecológico y se las clasificaba en "completa" o "incompleta", según fuesen vírgenes o no para adjudicarle un reformatorio más o menos riguroso.
A las que se rebelaban las enviaban al psiquiátrico de Ciempozuelos. Si se quedaban embarazadas se las enviaba a la maternidad de la Almudena, que hasta 1969 la gestionaba las Siervas de la Dolorosa y posteriormente la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas. hasta 1983 que abandonaron el centro alegando la persecución del PSOE hacia la Iglesia.
Las Cruzadas Evangélicas, especialistas en trato vejatorio, a las embarazadas las exhortaban a que firmasen la adopción de sus hijos a favor de familias pudientes, alegando que iban a tener una vida que ellas nunca les podrían dar.
En 1983 las competencias se trasladan a las Comunidades Autónomas se produce el primer traspaso de funciones en Galicia al Patronato de la Mujer, lo firma un tal Mariano Rajoy y Elías García, En Madrid el traspaso lo firma Joaquín Leguina. En el 2002 se premió a las Adoratrices con la Cruz de Plata de la orden civil de a solidaridad social . En el 2012 se concede la misma condecoración a las Oblatas. En el 2015 se premia de nuevo a las Adoratrices, se les concede el premio Derechos Humanos Rey de España.
Ahora, las mismas ordenes religiosas auspiciadas por el Patronato de la Mujer dependen de los servicios sociales subvencionadas por las Comunidades Autónomas, y el gobierno central se ha encargado de que esas órdenes gestionen los centros de menores. Han cambiado las formas, pero no el fondo. Desde 1985 cualquier autonomía a través de sus técnicos sin formación universitaria pueden resolver apartar a los hijos de su familia sin que medie un juez o fiscal. Esto se llama "resolución de desamparo" que se ejecuta de forma automática.
Desde entonces es muy alarmante el número de secuestros institucionales de menores por las administraciones públicas contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias. Extensión de la indefensión del régimen dictatorial, que si antes actuaba contra las mujeres ahora se cierne también contra los niños. Los menores son arrancados de los brazos de sus madres por policías, esto sucede a diario.
En el 2015, más 42.000 menores fueron separados de sus madres. ...
En pleno siglo XXI es posible que un técnico de la administración con un motivo no tasado en la ley decrete la separación contranatura de una madre de su hijo de un día para otro, sin razones de peso y sin conceder derecho de defensa y evitando todo tipo de comunicación entre la madre y el menor, éste con una situación peor que un preso, con informes "ad quo" sin intervención ni autorización de su madre que hasta entonces era guardia y custodia del menor.
El derecho de una madre es vulnerado en favor de intereses espurios de terceros y para la obtención de réditos económicos sin que medie la justicia.
¿Donde se nos garantiza a las mujeres un estado de derecho?
Ni el Ministerio fiscal, representante del menor, jueces y magistrados aparecen en escena dejando a la madre en la más absoluta indefensión.
No existe intervención judicial, el fiscal de turno olvida el informe obligado por ley cada 6 meses. Esto ocurre todos los días sin que nadie haga absolutamente nada.
La impunidad es el resultado de la no transparencia de los procesos. Un tupido velo de oscuras mentiras separa las acciones impunemente por parte de las Administraciones Públicas...
Ahora este velo ha caído puesto que vds. senadores y senadoras tienen la oportunidad de conocer los presuntos delitos y el privilegio de poder acabar con ellos restaurando la decencia y la humanidad en la administraciones públicas contaminadas por la avaricia puesto que nada corresponde al "interés superior del menor": la administración pública obtiene de 4000 a 6000 euros mensuales por cada menor desamparado, ingresado en un centro de menores, dinero que no se revierte en el menor sino en fundaciones privadas de origen tan misterioso como sectario. Algunos menores acaban adoptados por miembros de la administración.
El CGPJ no controla el monopolio de la ley realizado por magistrados octogenarios que aplican el derecho de forma parcial... Un poder judicial anclado en el pasado, un pasado que refiere 30000 niños desaparecidos. Tras semejante sinrazón se encuentra la intromisión ilegítima de la Iglesia en un estado de derecho a través de las sectas de poder que se encuentran tanto en la administración publica como en la de justicia.
Cuántos años debemos esperar para que se reconozca de forma oficial lo que se conoce como retirada de tutela, un sistema que no es mas que la legalización y extensión de un sistema que permitió robar más de 300.000 niños.
Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa como se queda una madre a la que le arrebatan a su hijo,
Qué es peor perder una casa o perder un hijo? Se robaron bebés en los años 80 y 90, Franco estaba muerto y enterrado y estamos aquí por la sustracción de menores recién nacidos y adopciones ilegales en España.
Como muestra aludiré al año 1987, Clara Alfonsa Reinoso Cervilla tenía 14 años cuando quedó embarazada, tras pasar por varios centros siendo tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (DGAIA). En su caso están implicados personajes muy poderosos de Cataluña. Teresa Cervelló Nadal, la primera mujer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la que recoge a la joven para entregarla a la "Casa de la Jove".
La cuñada de Teresa Cervelló, era Nuria de Gispert abogada del centro casa de la Jove y ex presidenta del Parlamento Catalán.
Clara Alfonsa fue conducida a la clínica Dexeus para dará a luz, la durmieron y le dijeron que era un varón y había muerto.
Margarita Robles Fernández, en aquel entonces la máxima autoridad del tribunal de menores, recibió la notificación del embarazo de Clara Alfonsa a través de la policía de Calella. Margarita Robles solicitó la tutela de la menor por desamparo, el 10 de julio de 1987, se deshace el desamparo desde el primer momento que se planea el robo del bebe y lo firma margarita Robles y la menor queda oficialmente abandonada a los 15 años.
En mayo de 2013 Clara Alfonsa recibe una llamada en la que se le comunica que había tenido una niña no un varón y no estaba muerta, la estaba buscando.
Nunca dejaron de robar niños.
Apelo a la confianza que me asiste desde la verdad y afirmo que se continua robando niños en España desde la administración pública y los servicios sociales.
LA INTERVENCION COMPLETA
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Pacto de silencio para un atropello y estafa a las mujeres pobres.
