Consuelo García del Cid de denunciante a denunciada

El pasado día 16 ha tenido  que declarar dede Barcelona por videoconferencia en calidad de investigada Consuelo Garcia del Cid.

Todo el mundo sabe quién es Belén Esteban, casi nadie sabe quién es García del Cid, en virtud de esa desinformación selectiva que practican los medios tradicionales de comunicación. A Consuelo solo la conocen y bien, las víctimas de bebés robados que suelen ser mujeres y pobres. La zona gris de la sociedad, esa que no se visibiliza, y lo que no se ve, no existe.

Pues bien, de denunciante, ha pasado a denunciada, situación típica en este país en este momento, en donde el establishment se defiende como puede al verse amenazado. García del Cid fue acusada de injurias y calumnias por poner sobre la mesa del Senado español el robo de niños desde el franquismo hasta el día de hoy. Y es que la activista manifestó que este delito de lesa humanidad sigue vigente en España gracias al actual Sistema de Protección de Menores que “ha cambiado en las formas, pero no en el fondo. Ahora el robo de niños es legal”.  El desmadre de los Servicios Sociales a través del testimonio de una afectada que vio archivarse una tras otra las denuncias que interpuso contra un juez, le han costado una acusación por vía penal a cargo de la Fiscalía Provincial de Madrid y del propio magistrado. Por delitos de injurias y calumnias contra funcionario público

Me parece indignante que se pueda ir contra un escritor que hace su trabajo de investigación  (opinó el periodista Javier Salaberría en el programa de radio Vuelo 714 ) Es un ataque a la libertad de expresión. Lo que nos debería preocupar es lo que señala la investigadora, no si este señor se siente ofendido por unas declaraciones. A este juez lo definen como una institución del poder judicial, pero si él mueve más que el interés general, estamos ante el fracaso de la independencia judicial. Porque hubo una actuación instantánea de la Fiscalía sin contrastar lo que se expone en el libro de Consuelo y sin cuestionarse si el juez está diciendo la verdad, lo cual es muy preocupante mientras hay niños y familias que están sufriendo un sistema que es totalmente inhumano.

Con miedo a la verdad, amenazar con penas de cárcel y multas estratosféricas se ha convertido en la estrategia de un poder judicial que obstaculiza y archiva la mayoría de las denuncias sobre los niños robados, sin ni siquiera tomar testimonio. Uno de los motivos apunta a la implicación de jueces, médicos, abogados, políticos y personalidades relevantes del actual panorama español. Es el caso de Margarita Robles, Portavoz del PSOE en el Congreso, denunciada por el robo del bebé de Clara Alfonsa Reinoso en una clínica de Barcelona durante 1987, cuando Robles era Jueza de Menores. Aunque la causa se archivó, Reinoso intenta reabrirla con nuevas pruebas. Si su petición prospera, el escándalo será mayúsculo y salpicará a muchos nombres respetables.

Entiendo que haya grupos políticos o grupos de élite que estén resistiendo porque alguna gente va a quedar expuesta en algo tan bárbaro como es robar niños a madres y padres, reflexiona David Carracedo, diputado por Podemos y Vocal de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. En la medida que empiece a ser viable iniciar una investigación seria como reclaman las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, vamos a encontrarnos con más casos como el de Consuelo, que es vergonzoso, ya que su libro plantea una serie de indicios razonables de posible prevaricación administrativa. Estamos ante una serie de mordidas de aquellos que se empiezan a ver acosados y temen lo que se les viene encima.

Haría una reflexión acerca de la impunidad en este país y de la necesidad de acabar con ella. Concluye el parlamentario.

Mientras, la realidad del actual Sistema de Protección de Menores español habla por sí sola: cada niño tutelado sirve para engordar una descomunal infraestructura institucional de centros gestionados por fundaciones religiosas y empresas privadas. Por cada menor se reciben entre 4000 y 9000 euros mensuales de las arcas públicas y de subvenciones europeas. Las familias son separadas a la fuerza de sus criaturas (despliegue policial mediante si hace falta y sin garantías procesales) por decisión de meros técnicos administrativos que pueden ordenar una retirada sin mediación judicial ni pruebas.

El Estado español tutela en este momento a más de 40.000 niños y niñas, algunos por padecer verdaderas situaciones de desamparo como maltratos y abusos, pero a otros por considerar “no aptos” a sus padres y familiares biológicos al aplicar baremos ideológicos y morales similares a los de antaño, según García del Cid.

Al respecto, el diputado David Carracedo añade hay una fórmula legal que permite a los Servicios Sociales quitar la patria potestad permitiendo un abuso clasista en el que la Administración, con unos patrones muy claros, define qué debe ser un ‘hogar decente’ y unas condiciones de vida dignas mientras dictamina quitarles a sus niños a quienes no las cumplen.”

Además, la investigadora apuntó durante su intervención en el Senado, que órdenes religiosas como la de las Oblatas o Adoratrices, en la mira por el robo de niños de antes y a cargo de muchos centros de menores en la actualidad, son galardonadas con frecuencia sin haber depurado responsabilidades pasadas.

No sólo Consuelo García del Cid denuncia esta tragedia silenciada. Numerosos colectivos de trabajadores de lo social, movimientos de madres afectadas como el de Marea Turquesa o pediatras de renombre como Carlos González, se suman a visibilizar este drama. Por si fuera poco, el hacinamiento y las malas condiciones sufridas por las criaturas en los centros de menores están saliendo a la luz cada vez con mayor frecuencia. Incluso muertes no esclarecidas y redes de prostitución que se nutren de menores tutelados han saltado a los titulares en los últimos años.

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