I
Jonas Edward Salk, fue educado en el seno de una familia emigrante ruso-judía, que valoraba y deseaba una formación académica para sus hijos, la primera generación que se habría escolarizado. Salk estudió medicina, pero decidió dedicarse a la investigación.
En la década de los 40 y 50 la poliomielitis adquirió características de pandemia.
Hasta 1955, la polio se consideraba el problema de salud pública más peligroso en los Estados Unidos de posguerra. Cada verano llegaba la temida epidemia, siendo la peor la de 1952.
El presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt fue la víctima más reconocida del mundo de esta enfermedad y fundó la organización que patrocinó el desarrollo de una vacuna.
Como resultado, los científicos se embarcaron en una carrera frenética para encontrar un tratamiento o una forma de prevenirla.
En 1947, Salk comenzó a investigar una vacuna para la poliomielitis en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh . Cuando se hizo pública la noticia del éxito de la vacuna, el 12 de abril de 1955, Salk fue aclamado como un «trabajador milagroso» y el día «se convirtió casi en una fiesta nacional».
Había realizado su duro trabajo de investigación sin ánimo de lucro ni intereses personales y estaba orgulloso de "haber hecho algo por la humanidad". Cuando le preguntaron en una entrevista televisiva quién poseía la patente de la vacuna, Salk respondió: «No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?»
"Es mucho más importante cooperar y colaborar. Somos coautores de la naturaleza de nuestro destino"Llegó a decir . En sus últimos años el Dr. Salk se dedicó a tratar de crear una vacuna contra el sida.
En 1957
Albert Sabin, otro virólogo estadounidense de origen judío, desarrolló otra vacuna para la polio, ésta se suministraba por vía oral, no inyectable como la de Salk.
Sabin renunció también a sus derechos de patente con el fin de facilitar la difusión mundial de su descubrimiento lo antes posible. Sabín manifestó "Quiero que mi investigación esté al alcance de todos".
II
Era la década de los 50, hoy la investigación farmaceutica, está tocada por los "mercados" yl a codicia.
El rechazo en su día a patentar una vacuna, contrasta con la voracidad de algunas farmacéuticas actuales.
El pasado año,
El New York Times publicó un artículo escrito por Gretchen Morgenson titulado "Big Pharma Spends on Share Buybacks, but R&D? Not So Much" (Las grandes farmacéuticas gastan más en recomprar sus acciones pero, ¿en investigación y desarrollo? muy poco) sobre la industria farmacéutica y los precios de medicinas en Estados Unidos. En él denunciaba la explosión de parasitismo financiero.
El artículo de Morgenson está basado en un ensayo del Institute for New Economic Thinking, titulado "US Pharma’s Financialized Business Model" (El modelo financiero de negocios de los farmacéuticos estadounidenses) q
ue revela que los exorbitantes precios de medicinas en Estados Unidos (los más altos del mundo) nada tienen que ver con lo que las empresas alegan, que altos precios son imprescindibles para estimular importantísimas investigaciones. Demuestra que en realidad el alto costo de medicinas es la consecuencia de maniobras financieras de las farmacéuticas para que se lucren más sus accionistas, principalmente mediante ofertas públicas de recompra de acciones.
El artículo hace referencia a los resultados de investigaciones del Instituto que demuestra que entre el 2006 y el 2015, las 18 farmacéuticas en el índice bursátil S&P 500 [de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos]
gastaron 516 mil millones de dólares estadounidenses en recomprar sus acciones a los accionistas para mantener el precio y distribuir dividendos.
Uno de los cinco autores de la investigación, William Lazonick, quien desde hace tiempo analiza tres décadas de transformación de la bolsa de valores, observa que “
en nombre de ‘maximizar el valor de las acciones’ (MVA), las farmacéuticas destinan las ganancias, provenientes del carísimo precio de sus medicinas, a enormes recompras de sus propias acciones [inflando sus precios] con el único fin de premiar a sus más altos ejecutivos por el ‘desempeño’ de esas acciones”.
Según los autores de esa investigación:
“Es nuestra opinión que la principal razón de altos precios de medicinas, acceso restringido a las medicinas e innovaciones paralizadas es ese mal social llamado ‘maximizar el valor de las acciones’”
La investigación descubrió que en muchos casos, las grandes farmacéuticas se benefician de viejas patentes de invención, en lugar de crear nuevas medicinas.
Muchas veces las “drogas de superventa” no son el resultado de las investigaciones de grandes empresas, sino de empresas más pequeñas, absorbidas por las grandes compañías.
La práctica de maximización del valor de las acciones mediante la recompra de acciones es parte de un sistema que recompensa a altos ejecutivos de grandes empresas sólo en base al rendimiento de las acciones en el mercado bursátil.
El análisis estadístico refuta el argumento de las farmacéuticas más grandes de que son necesarios precios altos y grandes ganancias, para cubrir el costo de investigaciones y procedimientos llenos de riesgos. Dos de las más grandes farmacéuticas, Pfizer y Merck acostumbran a destinar más del 100 por ciento de sus ganancias a sus accionistas. Entre el 2006 y el 2012, Johnson & Johnson, Pfizer y Merck destinaron un promedio de 4,2 mil millones, 6,3 mil millones y 3 mil millones de dólares estadounidenses respectivamente a la recompra. A William Lazonick
“Los principales vendedores de acciones son esos ejecutivos, banqueros, y gerentes de fondos de especulación, que pueden adquirir información que no es de acceso público para vender sus acciones en el tiempo preciso” y así beneficiarse de la recompra.
Uno de los mecanismos claves que da impulso a esa práctica es la protección de supuestos derechos propietarios intelectuales que extraen rentas de la apropiación de conocimiento social para intereses y lucros privados.
En verdad todos los “avances” en la creación de nuevos medicamentos descansa en los cimientos de décadas de investigaciones científicas básicas; muchas de las cuales ocurren en instituciones públicas, particularmente en el campo de la ingeniería genética.
Para crear la estructura legal que lubrica ese proceso, dice el artículo, la Ley Bayh Dole de 1980 fue un paso esencial. Ésta “
facilita la comercialización de investigaciones pagadas por el gobierno federal” y “regala a las empresas, muchos de los beneficios de las investigaciones financiadas por el gobierno”.
Los autores de la investigación terminan diciendo que el desviar ganancias de la inversión productiva es una de las causas del estancamiento secular, con la caída de tasas de producción en Estados Unidos, un deterioro notable en el crecimiento económico yanqui, y el desmoronamiento del poder de compra de los salarios.
Lazonick uno de los 5 autores de la investigación pide “
mayor control gubernamental y que la farmacéuticas comiencen a transformarse en empresas innovadoras”
III
Acaba de salir a la luz un informe de Goldman Sachs sobre biotecnología que expone explícitamente que curar enfermedades no es bueno para los beneficios a largo plazo de las farmacéuticas. Esto en respuesta al surgimiento de las llamadas terapias génicas, que pretenden curar enfermedades de forma definitiva a través de la introducción de genes específicos en las células del paciente. "El potencial de administrar “remedios totales” es uno de los aspectos más atractivos de la terapia génicas No obstante, estos tratamientos ofrecen una perspectiva muy diferente con respecto a los ingresos recurrentes frente a las terapias crónicas. Si bien la propuesta tiene un enorme valor para los pacientes y la sociedad, podría representar un desafío para los desarrolladores de medicina genómica que busquen un flujo de efectivo sostenido», sostiene el informe intitulado The Genome Revolution.
Para dar un ejemplo,
Goldman Sachs menciona a Gilead Science, una empresa que comercializa tratamientos para la hepatitis C con una efectividad superior al 90 %. En 2015, las ventas del tratamiento alcanzaron los 12,5 mil millones y las previsiones de este año se sitúan solo en 4 mil millones.
«Curar a los pacientes en existencia también disminuye el número de portadores capaces de transmitir la enfermedad a nuevos pacientes, por lo tanto el número de incidencias baja… Cuando la incidencia permanece estable (como con el cáncer), el potencial para una cura posee menos riesgo para la sustentabilidad de una franquicia», explica maquiavélicamente el informe.
Goldman Sachs, de la que hemos visto su humanitario comportamiento durante la crisis, constata que la curación de enfermedades, perjudica a las farmacéuticas, es mucho más rentable que la indicencia permanezca estable, en la cronificación está el negocio. Las personas no cuentan solo la cuenta de resultados.
IV
El sistema público de salud español gastó solo en fármacos y otros tratamientos para uso hospitalario 6.448 millones de euros en 2017
Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagarle a estas multinacionales los medicamentos contra el cáncer, Paralelamente, el Gobierno ha incluido mecanismos legales para que los gobiernos autonómicos no puedan recibir ayuda financiera si no firman un convenio que beneficia directamente a los grandes laboratorios. Un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la patronal garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca.
El precio de los medicamentos contra el cáncer también depende única y exclusivamente del mercado y no está regulado de la misma manera que otros servicios como la energía o las telecomunicaciones. Las multinacionales farmacéuticas pueden simplemente negociar cualquier margen de beneficio con los gobiernos, y se hace además en una negociación con una comisión de responsables políticos en varios ministerios. Solo en los últimos meses hemos empezado a conocer algo de las reuniones secretas donde se negocia y decide, lo que deja mucho margen para el lobby farmacéutico y, dicho suavemente, "el conflicto de intereses".
La plataforma No es Sano, integrada por ocho asociaciones como Médicos del Mundo o la Organización Médica Colegial o la Organización de Consumidores (OCU), recuerda que esta situación se debe “a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público”.
Uno de los grandes problemas es la opacidad en todo el proceso: explican que el actual sistema de patentes pretende “garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación, pero la realidad es que no podemos conocer esos costes porque son secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión pública”. “Esta falta de transparencia da lugar a que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país”, denuncia el informe, subrayando además el hecho de que las negociaciones con las administraciones públicas “están sujetas a acuerdos de confidencialidad que impiden hacer público cuánto se paga por los medicamentos”.
El estudio analiza cuatro casos concretos de algunos de los fármacos clave para el tratamiento del cáncer que generan "enormes ingresos a las compañías que los comercializan". Todos ellos destacan por una importante inversión pública en su fase de desarrollo. La investigación de trastuzumab, para cáncer de mama, fue apoyada en gran parte por filántropos y fundaciones y casi el 50% de los ensayos clínicos se realizaron con presupuesto de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro. La plataforma "No es Sano" denuncia que los tratamientos para el cáncer son uno de los grupos de medicamentos con precios más altos y que más ingresos generan para la industria farmacéutica a pesar de que hay una importante inversión pública detrás. Calculan que los medicamentos oncológicos han duplicado su precio en solo una década.
Serafín Romero presidente de la Organización Médica Colegial mantiene hay que acabar con la política especulativa de los laboratorios»
Sostiene "que no puede ser que la industria, aunque tenga un interés que es admisible, ponga un precio a un medicamento que triplique o cuadriplique su verdadero coste. No puede depender del dinero que tengamos poder pagarlo. Tiene que depender del valor que tenga para la salud..."
"Por eso los Gobiernos en el ámbito de Europa han instado, con nuestro apoyo, la apertura de un debate sobre la elaboración de una normativa para poner coto a este tema... Las innovaciones terapéuticas que están por venir y que van de la mano de la genómica del tratamiento individualizado, no pueden salir al coste que están saliendo. De hacerlo, nuestro modelo sanitario no podría con el coste de ese tratamiento. Hay que poner un coto para que haya un equilibrio entre innovación y accesibilidad al medicamento" ...
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Perder la oportunidad de tratar a un paciente con un medicamento que sabemos que funciona, no solo acaba convirtiendo el modelo sanitario en injusto, abre además una brecha entre los que tienen y los que no tienen. Eso va en contra de nuestro modelo sanitario, basado en la solidaridad, en el pago por impuestos. Pero, por mucho impuesto que paguemos, cuando los precios son desorbitados, no vamos a poder sostenernos. Lo que hay que hacer es cortar la política de locura y especulación de los precios de los medicamentos, no el necesario retorno de la industria que investiga. Lo que hay que romper es la aparición de una industria que está absorbiendo y comprando industria que investiga". Así de rotundo se mostró Romero.
Para colmo dos empresas de capital riesgo, Onex Corporation y Baring Asia, son las propietarias de Clarivate Analytics, la compañía multinacional que establece el principal índice de referencia para la evaluación de los artículos científicos en España, el conocido como Journal Citation of Reports (JCR). Tanto Onex como Baring tienen inversiones en otros sectores ajenos a la investigación académica, caso de la tecnología sanitaria, la industria farmacéutica o la alimentación, entre otros muchos.
Este duopolio ha generado duras críticas en sectores de la comunidad universitaria, por considerar que supone de facto una privatización de conocimiento científico elaborado a partir de fondos públicos. Los centros de investigación públicos deben, además de pagar por la WOS y el Scopus, comprar las revistas indexadas por Clarivate y Elsevier. Es decir, pagar por leer lo que producen.
