La información va apareciendo poco a poco, a cuentagotas. Hemos sabido que Soraya Saénz de Santamaría fichó por el bufete Cuatrecasas y el ex ministro Rafael Catalá por el bufete Herbert Smith Freehills.
Sáenz de Santamaría es abogada del Estado, y son pocos los políticos que a pesar de su vocación de servidores de lo público, lo continúen haciendo al dejar la política.
El artículo 15 de la ley sobre los altos cargos del año 2015, ley que ella misma suscribió, establece que los ex ministros “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".
Habida cuenta que no han transcurrido dos años desde su cese, la Oficina de Conflictos de Intereses se tenía que pronunciar y lo hizo en el mismo sentido que la mayoría de las veces, dando luz verde al entender que, durante su etapa en el Gobierno, no había tomado ninguna decisión relacionada con la firma.
"Los abogados de vocación tenemos la fortuna de poder servir a la sociedad y al Estado de derecho en diversos ámbitos. Estoy encantada de volver a ejercer la abogacía y de hacerlo junto al magnífico equipo de profesionales de Cuatrecasas, de cuya experiencia espero seguir aprendiendo los próximos años", ha dicho Sáenz de Santamaría.
Su agenda y sus "conocimientos" por haber servido al Estado, le van a servir ahora para defender no a la sociedad sino a corporaciones, firmas que van contra los intereses públicos.
Cuatrecasas representa al menos a siete empresas que se encuentran pleiteando contra el Estado en tribunales de arbitraje para que se les compense por inversiones supuestamente perdidas por el hachazo a las renovables del Gobierno ¡en el que Santamaría era vicepresidenta¡.
Las empresas que representa Cuatecasas suponen el 20% del total de 32 reclamaciones presentadas contra España ante el Ciadi, un organismo internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países.
En este tipo de tribunales, no compuestos por jueces sino por árbitros elegidos por las partes, las empresas que hayan invertido en un país pueden reclamar que ese Estado les compense si entienden que uno o varios cambios legislativos han perjudicado su inversión y les han hecho perder o, incluso, dejar de ganar dinero y en eso está Cuatrecasas.
Cuatrecasas también fue contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Una entidad creada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de aglutinar los activos tóxicos españoles y cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario, siendo Sáenz de Santamaría vicepresidenta.
El presidente de honor, Emilio Cuatrecasas, era presidente del bufete que creó su padre, Pedro Cuatrecasas.
Su fama se había agrandado durante años con su asesoramiento a empresarios y grandes fortunas catalanas para optimizar el pago de sus impuestos. La fiscalía se querelló contra él por defraudar el IVA y el IRPF del 2006, 2007 y 2008; el impuesto de sociedades del 2006; y el Impuesto sobre el Patrimonio del 2006 y 2007. En total, ocho delitos tributarios bastante chapuceros.
Porque Emilio Cuatrecasas había creado una red de sociedades a las que cargar sus gastos personales y hacerlos pasar por gastos de empresa. En la trama, el abogado cargaba viviendas que usaba su familia, muebles, vehículos, un barco de recreo y hasta los costes del servicio doméstico. Un fraude que rozaban los 4 millones de euros y que, según los expertos, le podían haber costado más de 20 años en prisión.
Pero libró de la cárcel tras llegar a un acuerdo con las acusaciones, que no eran otras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dos instituciones jerárquicas que dependían del Gobierno donde Soraya Sáenz de Santamaría era la todopoderosa vicepresidenta.
La Abogacía del Estado pactó con el presidente del bufete una pena de 24 meses de prisión. Lo justo para no pisar la cárcel. Tras esto pasó a ser "Presidente de honor" y cedió el mando a Rafael Fontana.
A ese bufete, se incorpora Sáenz de Santamaría.
El caso del ex ministro Catalá es similar y también un escándalo.
Rafael Catalá, ha fichado por el bufete Herbert Smith Freehills a los cinco meses de abandonar el gobierno, pero continuando como diputado. Al no conllevar exclusividad, para ejercer las funciones que desarrollará en el despacho tendría que haber obtenido permiso del congreso cosa que no hizo, aunque el sotiene que no hace falta,, que la Oficina de Conflicto de Intereses le dio el visto bueno.
Y el PP sostiene que obtuvo una autorización "verbal" de los letrados del Congreso.
El bufete como suele ser norma del sector en España no comunica sus beneficios y tiene a gala trabajar para las grandes compañías del Ibex 35. Por ejemplo, ha sido uno de los despachos que ha asesorado al consorcio constructor del AVE a la Meca.
Herbert Smith Freehills, despacho angloaustraliano casualmente tuvo como asesor hasta el pasado abril a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.
Se da la circunstancia que Catalá inauguró la nueva sede del bufete donde acabaría trabajando en junio de 2015, recién nombrado ministro de Justicia.
Y ni la Oficina de Conflicto de Intereses ni el propio Catalá ve problemas en que lo fiche el bufete que defiende a Renfe y Adif en el ‘caso Alvia’, el siniestro que dejó 80 muertos en Santiago.
Catalá en el momento de la catástrofe era secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. No tuvo ningún coste para él.
Herbert Smith renovó también su contrato en los arbitrajes por las renovables con el Gobierno meses antes de fichar a Catalá. Se adjudicó el primer contrato con el Estado en octubre de 2011, con Miguel Sebastián como ministro y lo renovó en enero del 2018 un contrato con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuyo titular en ese momento era el Ministro Álvaro Nadal para asesoramiento legal externo, colaboración y apoyo a la Abogacía General del Estado en el procedimiento arbitral PCA Nº 2012/14 promovido por PV INVERSTORS contra el Estado Español-Reino de España en relación con la regulación del sector de la energía de tecnología fotovoltaica. En ese momento la Abogacía del Estado dependía del Ministerio de Justicia cuyo titular era Rafael Catalá. El contrato asciende a 1 millón de €.
Pero este no fue el único apaño que se buscó, fichó también por Legálitas, asesoría jurídica, como miembro de su patronato.
El pasado 16 de noviembre Legálitas fue premiada junto a Globalia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y que tuvo lugar en Miami. Catalá fue una de las ilustres personalidades que estuvo presente en dicho evento, el viaje a Miami se lo pagó Legálitas tanto el desplazamiento como la estancia en el hotel. Se trata de un hotel de lujo en el corazón de la ciudad, con una tarifa que ronda los 500 dólares por noche la habitación más económica. La compañía respondió que fue invitado porque "interesaba" y no aclara cuanto tiempo permaneció ni si acudió con compañía.
Pero el fichaje más espectacular lo efectuó Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, para la Fundación del Patronato del Atlético.
Catalá aparecía nombrado en las grabaciones de la Operación Lezo, en las conversaciones entre Enrique Cerezo e Ignacio González sobre el caso del ático de Estepona, en el que los dos estaban imputados, y llegó a mandar un SMS al expresidente madrileño en el que le deseaba que "pronto se cierren los líos". Todo un Ministro de Justicia.
Cerezo todavía no estaba imputado en el caso ático, pero todas las investigaciones ya señalaban que el comprador de la vivienda era su empleado. El día siguiente, Catalá viajaba de visita a la Audiencia Provincial de Málaga, el juzgado que investigaba el caso Ático, y al Colegio de Abogados de la Ciudad.
Catalá, el primer ministro que fue reprobado por el pleno del Congreso por entorpecer las investigaciones sobre corrupción.
En el período que no gobernó el PP, estuvo en una empresa de sector juego, CODERE, de esas que tanto dolor están causando en las clases modestas, debido a la ludopatía y no hubo problema en que recalase como Ministro de Justicia.
A pesar de que apoyó a Cospedal en la disputa por la dirección del PP, no fue defenestrado por Casado y a pesar de tanto pluriempleo va de cabeza de lista por Cuenca.
Obviamente los que le votan no saben nada de todo esto.
Se van, dejan un país cada vez mas desigual, con un futuro sombrío, pero el suyo desde luego está garantizado.
Enlaces relacionados
https://elpais.com/politica/2018/05/04/actualidad/1525452084_899669.html
http://www.angelesgarciaportela.com/2018/12/al-ex-ministro-catala-se-lo-rifan.html
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