La Asociación profesional de los Autónomos, Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega)
que tiene entre sus asociados a empresarios de la restauración sostienen que dejan de ingresar al menos unos 135 millones anuales a causa de la competencia desleal que ademas se publicita "sin pudor".
«Al menos un 40 % de los pazos, fincas o inmuebles que alquilan sus recintos de forma regular y como un negocio para eventos no cuentan con la licencia de bodas y banquetes. Tampoco están dados de alta en el censo de Turismo».
Ascega presentó informes denunciando los hechos a la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta.
Cuantifican 389 locales de los cuales, indican, «un 35 %, unos 140, responden a un perfil irregular o ilegal
Y ahora viene lo mejor, Ascega advierte que desde la entrada en vigor el pasado mes julio de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, la 10/2017, los organizadores constan como responsables solidarios. «Si el dueño del local se declara insolvente, los novios responden al 100 %. Pueden enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros si hay una denuncia y el espacio carece de la licencia pertinente. De 30.000 si se incumple el aforo o el horario», detalla Alfonso Salazar el presidente de Ascega .«Los novios deben pedir las licencias y cerciorarse de que el negocio está en regla». El colmo, es como si debemos de pedir el título de cirujano al que nos opere o el de piloto al que nos transporta en avión para evitar que nos multen.
Para proteger los intereses de los empresarios se penaliza incluso a los usuarios. Ahora, el consumidor es responsable subsidiario.
Alfonso Salazar, hoy presidente de los emprendedores, fue presidente, gerente y administrador de Procorsa, la promotora coruñesa que solicitó en 2009 el concurso voluntario de acreedores.
Se da la paradoja de que mientras al ciudadano se le penaliza para proteger los intereses de los empresarios cuando de contratación de eventos se trata, se le deja completamente indefenso cuando compra una vivienda y la constructora quiebra, que después de quebrar con una empresa, reaparecen como el Ave Fénix con otra nueva, dejando deudas por doquier, forrándose hasta la próxima quiebra.
Acudiendo a la hemeroteca, Salazar, según Galicia Confidencial es uno de los empresarios más críticos con las Mareas ( que gobierna el municipio en A Coruña). La empresa que dirigió, Procorsa debía más de 3 millóns a Administración dejando sin pagar a numerosas empresas da provincia y sin terminar cinco edificios, tres en Miño y dos en Paiosaco, con 85 pisos previstos, con el consiguiente perjuicio a los compradores.
Según La Voz, en 2011 los trabajadores de una subcontrata se manifestaron delante de la sede de Procorsa para reclamar sus salarios.
Con leyes tan favorables es normal que los poseedores defiendan el "estatus quo".
¿Para cuándo una ley que exija responsabilidades a las personas físicas que son las que están detrás de las personas jurídicas y que una vez hundida una empresa, no pueda el individuo convertirse en reincidente?.
La noticia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/04/10/multas-600000-euros-bodas-fincas-pazos-licencia/0003_201904G10P25998.htm
La ley del embudo
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